Caracas – Hoy se conmemora el primer aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, un hito legislativo y social que marca un antes y un después en la lucha por los derechos de más de 2 millones de personas con discapacidad en Venezuela.
Esta norma, promulgada el 27 de junio de 2024 por la Asamblea Nacional (AN), consagra un marco legal avanzado, integral y garantista, alineado con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con. Su propósito es claro; promover la igualdad real, eliminar las barreras estructurales y asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional.
Desde su aprobación, la Ley ha generado procesos de formación, adecuación institucional y conciencia colectiva en diversos sectores: salud, educación, trabajo, justicia, cultura, movilidad y comunicación. También ha impulsado la articulación entre el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Fundación Misión José Gregorio Hernández, organizaciones sociales y organismos del Estado venezolano.
Soraida Ramírez Osorio, presidenta de ambas instituciones, destacó
“Hoy celebramos un año de avance, pero también de compromiso. La Ley no es un papel, es una herramienta viva que debemos activar en la conciencia, en la gestión pública y en la cotidianidad de cada ciudadano. La inclusión comienza cuando entendemos que la discapacidad no es un límite, sino una condición que debe ser acompañada con derechos, respeto y oportunidades”.
Durante este primer año, se han impulsado planes de formación, jornadas de sensibilización, diagnósticos comunitarios, registros y actualizaciones del Certificado de Discapacidad, así como acciones orientadas a la accesibilidad física, comunicacional y actitudinal en distintas regiones del país.
El Gobierno Bolivariano, CONAPDIS y la Fundación Misión José Gregorio Hernández reiteran su llamado a todas las instancias públicas y privadas a asumir la corresponsabilidad que establece la Ley, para seguir transformando las políticas asistencialistas en políticas de inclusión activa y participación protagónica.
Porque la inclusión no es un favor, es un derecho, y a un año de su promulgación, esta Ley Orgánica se levanta como símbolo de justicia social, dignidad y revolución humana.
